Javier Milei utilizó la cadena nacional para intentar justificar el veto a las leyes de Emergencia en Discapacidad y el aumento de las jubilaciones. Dijo que si se «promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional».
El presidente entiende que «Los proyectos aprobados por el Congreso, si los sumamos todos —que incluyen reinstalar la moratoria previsional, aumentar el salario de docentes y las pensiones por discapacidad, entre otros—, representan un gasto anualizado de prácticamente 2,5% del PBI».
Luego pasó ese dato a un ejemplo: «Esto implicaría un aumento del gasto público equivalente a una YPF por año o, dicho de otra manera, implicaría un endeudamiento adicional de más de 300.000 millones de dólares, o un incremento de la deuda del Estado Nacional del 70%».
Milei dijo que vinieron «a arreglar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo, y la única manera de lograr este objetivo es a través del orden fiscal, el orden monetario y el orden cambiario».
Según el mandatario y sin citar la fuente de los datos, en dos años de gobierno: «Sacamos de la pobreza a más de 12 millones de personas de los cuales más de 2,5 millones son jóvenes y la indigencia pasó del 20,2% al 7,3%, es decir, que cerca de 6 millones de personas que no les alcanzaban para comer, hoy comen».
Luego afirmó que: «los salarios privados le vienen ganando sistemáticamente a la inflación desde el mes de abril del año pasado».
Todo por el superávit Fiscal
En un intento de mostrar iniciativa, Milei informó que el día lunes 11 de agosto, «firmaré una instrucción al Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria.
De esta mnera «El Tesoro Nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esta es una medida que, si bien en la práctica ya implementamos, hoy lo estamos formalizando».
La segunda iniativa es la de enviar yb proyecto de ley al Congreso «para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit».
Esta propuesta pretende que «Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte en la misma proporción: cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido; tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan».
«También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales. Estas medidas parecen abstractas, pero permítanme contarles qué pasaría si tuviéramos que ratificar las leyes que hoy celebra el Congreso».