A través de un extenso comunicado titulado «La única verdad es la realidad (bis)», la entidad madre del fútbol argentino respondió a las acusaciones del Inspector Daniel Roque Vítolo. Desmintieron haber eludido controles y aseguraron que el cambio de jurisdicción a la Provincia de Buenos Aires fue legal y certificado por el propio organismo.
La tensión entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Gobierno Nacional, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), alcanzó un nuevo pico este lunes.
La entidad dirigida por Claudio «Chiqui» Tapia publicó un documento técnico y político donde rechaza las intimaciones recibidas y acusa al organismo de control de actuar con «desidia» e «imparcialidad manifiesta».
El conflicto por la «fuga» de jurisdicción
Uno de los puntos centrales del comunicado responde a la acusación de que la AFA «se escapó» de la Capital Federal para evitar controles. La AFA calificó esta afirmación como «objetivamente falsa», detallando la siguiente cronología:
- La mudanza a la calle Mercedes 1366, en el partido de Pilar, fue aprobada en asamblea con veedores de la propia IGJ.
- El 7 de noviembre de 2024, el propio Dr. Vítolo firmó el Certificado de Vigencia, requisito indispensable para que la AFA pudiera inscribirse en la Provincia de Buenos Aires.
- La AFA sostiene que, desde noviembre de 2024, se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.
Balances y «vistas» no notificadas
Respecto a las supuestas irregularidades contables entre 2017 y 2023, la AFA asegura haber presentado todos los balances en tiempo y forma. El comunicado denuncia que la IGJ demoró, en algunos casos, más de 700 días hábiles en analizar los documentos y que nunca notificó legalmente las observaciones.
«Nadie puede ser acusado de incumplir obligaciones que jamás le fueron requeridas», reza el texto, señalando que la entidad se notificó «espontáneamente» de estas supuestas faltas recién el 5 de enero de 2026 para proceder a su contestación.
Denuncia de irregularidades administrativas
El descargo de la AFA sube de tono al mencionar que, tras revisar los expedientes ante escribano público, detectaron anomalías graves en la IGJ:
- Expedientes sin foliar o con folios incompletos.
- Hojas con la leyenda «No foliar», lo que sugeriría una manipulación discrecional de los documentos.
- Falta de registro de movimientos internos, generando un «limbo administrativo».
Un trasfondo político
Para la conducción de la AFA, este avance de la IGJ no es un procedimiento administrativo estándar, sino una «instrumentalización del derecho» con fines políticos, vinculada al enfrentamiento por la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
El comunicado concluye reafirmando que la AFA no se ocultó ni se negó a mostrar información, sino que está siendo víctima de una «presión pública» mediática por parte de funcionarios que utilizan datos protegidos por deberes de reserva.