Tarifazo libertario 2026: El gobierno de Milei quitará los subsidios a la luz y el gas a 7,5 millones de familias Argentinas

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A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno de Javier Milei implementará el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), eliminando la segmentación actual.

El cambio impactará a 7,5 millones de hogares, cerca del 45% de la población, que perderán la ayuda estatal en luz y gas, anticipando un fuerte golpe al poder adquisitivo de las familias.

El Ministerio de Economía de la Nación anunció una reestructuración profunda en el esquema de subsidios energéticos que regirá a partir del 1 de enero de 2026.

La medida, que busca focalizar la ayuda «solamente a quienes la necesitan, cuando la necesitan», tiene como objetivo un ajuste fiscal que significará un ahorro de aproximadamente 1.000 millones de dólares al reducir el gasto en subsidios al 0,5% del PIB en 2026.

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Sin embargo, la principal consecuencia de esta política será un nuevo y significativo aumento en las boletas de luz y gas para millones de familias argentinas, lo que generará un gran impacto en el ingreso disponible de los hogares.

El Desmonte de la Segmentación y los Nuevos Criterios

La primera gran modificación es la eliminación de la actual segmentación de tarifas, vigente desde fines de 2022, que distinguía entre N1 (Ingresos Altos), N2 (Ingresos Bajos) y N3 (Ingresos Medios).

Este sistema será reemplazado por el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que dividirá a los usuarios en solo dos categorías: con subsidios y sin subsidios.

El criterio de exclusión principal se establecerá en base al ingreso familiar, que será determinado por el equivalente a más de tres canastas básicas totales («de pobreza»), cifra estimada en $3.641.397 por mes.

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Además, se mantendrán los criterios de exclusión para quienes posean:

  • Tres o más vehículos con antigüedad menor a cinco años.
  • Tres o más inmuebles.
  • Una embarcación o aeronave de lujo.

Aumento de la Carga Financiera para Millones de Familias

Se estima que 7.500.000 familias (el 45% del total de hogares) perderán por completo la ayuda estatal. Este grupo estará compuesto principalmente por los actuales usuarios N1 (ingresos altos), que ya tenían un subsidio reducido, pero también sumará a unas 140.000 familias que actualmente están categorizadas como N3 (ingresos medios) y ahora serán excluidas.

Hasta ahora, los hogares de ingresos medios (N3) contaban con un subsidio que cubría el 56% del costo de la electricidad y el 75% del gas. Al perder esta ayuda, el golpe al presupuesto familiar será sustancial, ya que deberán afrontar el costo pleno de generación de electricidad y producción de gas, lo que se traducirá en un incremento considerable de sus gastos fijos mensuales.

Los Cambios en los Bloques de Consumo Subsidiable

Para los 9.100.000 hogares que mantendrán algún tipo de subsidio, también habrá modificaciones que afectarán sus gastos:

  1. Tope de Consumo Variable: Se unificará el tope de consumo subsidiable a 300 kWh mensuales en las temporadas de verano e invierno, y se reducirá a 150 kWh por mes en otoño y primavera. El consumo que exceda estos topes deberá ser pagado a precio pleno.
  2. Reducción Progresiva de la Bonificación: El bloque de consumo subsidiable tendrá inicialmente una bonificación del 75% en enero de 2026, pero esta disminuirá gradualmente durante el año hasta alcanzar cerca del 50% en diciembre de 2026, a criterio del Gobierno. Esto significa que, incluso los hogares subsidiados, experimentarán un aumento escalonado a lo largo del año.

En el caso del gas, se aplanarán los precios mayoristas a US$3,80 por millón de BTU a lo largo de todo el año, lo que implicará un aumento en las tarifas de los meses de menor consumo (verano), aunque se mantendrá un subsidio del 50% del costo para los usuarios vulnerables entre abril y septiembre.

En resumen, la nueva política de subsidios asegura un recorte significativo del gasto público, pero a costa de una presión económica inminente sobre los ingresos de la mayoría de los argentinos, que deberán destinar una porción mayor de su salario al pago de servicios esenciales.

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