El oficialismo logró emitir dictamen de mayoría para el proyecto que busca modificar la normativa vigente. Organizaciones ambientales y sectores de la oposición advierten que los cambios en la definición del ambiente periglacial dejan desprotegidas áreas clave y abren la puerta a la contaminación minera.
En una jornada marcada por una fuerte tensión política y el rechazo de la comunidad científica, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró dar un paso decisivo para la reforma de la Ley de Glaciares (26.639).
Tras obtener el dictamen favorable en las comisiones de Recursos Naturales y Presupuesto, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto, donde el Gobierno asegura contar con los números suficientes para su sanción definitiva.
La flexibilización de la protección
El eje del conflicto radica en la modificación de la definición técnica de lo que se considera un glaciar y un ambiente periglacial. Según el nuevo texto propuesto, se elevarían los requisitos para que una zona sea protegida, dejando fuera del inventario nacional a miles de cuerpos de hielo de menor tamaño que hoy actúan como reguladores hídricos esenciales.
Para las asambleas ambientales, este cambio no es una cuestión técnica menor, sino una herramienta para habilitar proyectos mineros en zonas que actualmente están vedadas. La advertencia es contundente: el debilitamiento de los controles y la intervención en las nacientes de las cuencas hídricas reavivan el temor del «agua envenenada» en las poblaciones que dependen de los ríos cordilleranos para el consumo y la agricultura.
El argumento oficialista: inversión y desarrollo
Desde el bloque oficialista y los sectores vinculados a la industria extractiva, se sostiene que la ley actual es «demasiado restrictiva» y que ha frenado inversiones multimillonarias en provincias cordilleranas. Argumentan que la reforma permitirá «compatibilizar la preservación del ambiente con el desarrollo económico», otorgando mayor seguridad jurídica a las empresas mineras.
Sin embargo, el apuro por obtener el dictamen sin un debate profundo con expertos independientes ha generado sospechas sobre los intereses reales detrás de la iniciativa.
Un escenario de paridad en el recinto
A pesar del avance en comisiones, la votación en el pleno de la Cámara se anticipa ajustada. Si bien el Ejecutivo confía en el apoyo de bloques aliados y de gobernadores de provincias mineras, la presión social en defensa del agua podría hacer dudar a los legisladores que representan a distritos donde el recurso hídrico es escaso.
De aprobarse, Argentina entraría en una nueva etapa respecto a su política de recursos naturales, donde el estatus de los glaciares como «bienes públicos protegidos» quedaría condicionado por la rentabilidad de los proyectos de inversión, dejando en un segundo plano la sostenibilidad del ecosistema.
Claves de la reforma: ¿Qué cambia en la protección de los glaciares?
El debate en la Cámara de Diputados se centra en la modificación de los artículos que definen el alcance de la protección ambiental. A continuación, las principales diferencias entre la normativa actual y el proyecto impulsado por el oficialismo:
| Punto de análisis | Ley Vigente (26.639) | Proyecto de Reforma |
| Alcance de protección | Protege todos los glaciares y el ambiente periglacial sin distinción de tamaño o ubicación. | Introduce criterios de tamaño mínimo (ej. 1 hectárea) para que un cuerpo de hielo sea protegido. |
| Ambiente Periglacial | Se protege toda zona con suelo congelado que actúa como regulador hídrico (aunque no haya hielo superficial). | Se limita la protección solo al ambiente periglacial «activo» y que tenga funciones hídricas «significativas». |
| Inventario Nacional | Obliga a incluir todos los cuerpos de hielo detectados por el IANIGLA. | Permitiría excluir zonas que no cumplan con los nuevos estándares técnicos de tamaño y actividad. |
| Actividades Mineras | Prohibición absoluta de explotación minera y petrolera en zonas glaciares y periglaciares. | Abre la posibilidad de autorizar proyectos si se demuestra que no hay un «impacto relevante» según los nuevos criterios. |
| Soberanía Hídrica | Define a los glaciares como bienes públicos que deben preservarse para el consumo humano y biodiversidad. | Busca «compatibilizar» la preservación con la seguridad jurídica para inversiones extractivas. |
El impacto en las cuencas
La principal crítica de las organizaciones ambientales es que, al reducir la definición de «ambiente periglacial», miles de áreas que hoy funcionan como «esponjas» naturales que alimentan los ríos en épocas de sequía quedarían desprotegidas. Esto permitiría la instalación de proyectos industriales en las nacientes de las cuencas, aumentando el riesgo de contaminación por lixiviados y el uso intensivo de agua, lo que las comunidades locales denuncian como el camino hacia el «agua envenenada».